Seguimiento a maltratadores: el cgpj frena la reclamación de redondo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado un seguimiento “muy particular” de los agresores reincidentes tras su liberación, una propuesta que se topa con el firme rechazo de Esther Erice, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Erice, también miembro del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, argumenta que el sistema jurídico español no permite esta medida una vez cumplida la condena, generando una fricción palpable en la respuesta a la violencia machista.
La ley, un límite infranqueable según el cgpj
Según Erice, la peligrosidad de un individuo no es un factor determinante para imponer medidas jurisdiccionales tras el cumplimiento de la pena, a excepción de la prisión permanente revisable. Esta postura, expresada en una entrevista con Europa Press, choca frontalmente con la demanda de Redondo, quien aboga por un control exhaustivo de estos individuos, considerándolo esencial para prevenir futuros actos violentos. La discrepancia pone de manifiesto una brecha en la interpretación de la ley y en la estrategia para abordar la reincidencia.
La realidad es cruda: en lo que va de 2024, 14 mujeres y tres menores han perdido la vida a manos de agresores machistas, un inicio de año que, según Erice, aún no ofrece una perspectiva definitiva sobre si se ha producido un aumento consolidado en la violencia de género. A pesar de ello, el Ministerio de Igualdad ha activado un plan de actuación y mantiene contactos con el Observatorio, evidenciando la urgencia de la situación.
Una ley incompleta: el problema estructural
Las reuniones técnicas entre el Ministerio y el Observatorio han revelado una conclusión contundente: <La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, a pesar de haber sido aprobada hace más de dos décadas, todavía no está plenamente implementada.> Erice insiste en la necesidad de una aplicación total de la ley, que no se limita al ámbito judicial, sino que abarca la sanidad, los servicios sociales y otros sectores clave para la detección temprana de situaciones de riesgo.
Más allá de juzgados y tribunales, la prevención exige una colaboración multidisciplinar. La incorporación de indicios de violencia en historias clínicas o sociales, por ejemplo, podría convertirse en pruebas judiciales cruciales. La necesidad de clarificar los límites entre la confidencialidad profesional y la obligación de comunicar situaciones de riesgo es otro punto fundamental.
Órdenes de alejamiento: una solución a medida
Respecto a la propuesta del Ministerio de Igualdad de establecer una distancia mínima de 350 metros en las órdenes de alejamiento, Erice advierte que no existe una solución única. La eficacia de estas medidas depende del nivel de riesgo, las circunstancias personales y factores territoriales, como la cobertura tecnológica de los dispositivos de control. El Observatorio está elaborando un mapa de zonas con baja cobertura de telecomunicaciones para ajustar las medidas de seguridad a cada territorio, una iniciativa que demuestra la complejidad de la tarea.
En cuanto al anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria, Erice señala que un primer borrador no prosperó, pero un nuevo texto ha llegado al Consejo para su informe, lo que sugiere un movimiento legislativo en curso.
La defensa de Erice se extiende a los hijos de víctimas mortales, abogando por un acompañamiento integral hasta que alcancen la independencia personal y profesional. El 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica' revela que alrededor del 80% de las víctimas convivían con su agresor y muchas no habían presentado denuncia previa, lo que subraya la necesidad de fortalecer el apoyo social y económico a las mujeres en situación de riesgo.
Aunque desde 2015 se aprecia una tendencia descendente en el número anual de mujeres asesinadas, Erice subraya que los asesinatos machistas siguen siendo <un fracaso social.> La persistencia de estos episodios, a pesar de las medidas adoptadas, exige una reflexión profunda y un compromiso renovado para erradicar la violencia de género.