Perú: se endurecen las reglas para evitar fraudes electorales
El Jurado Nacional de elecciones (JNE) ha desplegado un arsenal de restricciones para las elecciones generales del 12 de abril, marcando un esfuerzo sin precedentes por garantizar la transparencia y evitar cualquier sombra de manipulación. La medida más contundente: multas millonarias e incluso penas de cárcel para quienes desafíen las nuevas normas.
Silencio electoral: encuestas vetadas y propaganda suspendida
A partir del lunes 6 de abril, la difusión de encuestas de intención de voto queda completamente prohibida. Una infracción puede acarrear multas que oscilan entre 55.000 y 550.000 soles, una cifra que pone de manifiesto la seriedad con la que el JNE está tomando este proceso. Pero no solo las encuestas son blanco de la restricción. Desde el viernes 10, las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político están vetadas, con penas de prisión que van de tres meses a dos años para los infractores. La propaganda política, por su parte, se suspende desde la medianoche del sábado 11, con la amenaza de una condena de al menos dos años de prisión para quienes la desafíen.
La ley seca, una tradición en las elecciones peruanas, también se aplicará con rigor. La venta de alcohol estará prohibida desde las 08:00 del sábado 11 hasta las 08:00 del lunes 13, con sanciones que incluyen penas de cárcel de hasta seis meses y multas superiores a 3.390 soles para los establecimientos que incumplan la norma. Los espectáculos públicos y eventos masivos, tanto en interiores como al aire libre, también quedarán suspendidos durante el horario de votación, que se extenderá desde las 07:00 hasta las 17:00 del domingo 12.
El JNE ha movilizado un considerable número de fiscalizadores para supervisar el cumplimiento de estas medidas en todo el país. La pregunta ahora es: ¿será suficiente esta batería de restricciones para garantizar una elección limpia y sin incidentes?
La lista de candidatos a la presidencia es extensa, compitiendo figuras como Alex Gonzáles, Alfonso López Chau, Álvaro Paz de la Barra, y un largo etcétera que incluye a nombres como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, entre otros veinte aspirantes.
Este despliegue de controles, aunque severo, refleja la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones democráticas, tras años de escándalos y crisis políticas. La ciudadanía, y los propios candidatos, deberán demostrar su compromiso con la legalidad y el respeto a las normas para que el próximo 12 de abril se celebre una elección digna y representativa.