Nicaragua: cidh exige protección urgente para opositores presos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega, solicitando formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación inmediata de las medidas provisionales para cinco disidentes nicaragüenses, atrapados en una red de acusaciones y desapariciones que recuerda a las peores épocas de represión en la región.
La sombra de la persecución política
La CIDH denuncia una política sistemática de persecución contra más de un centenar de opositores en los últimos ocho años, una espiral de detenciones que ha silenciado voces críticas y concentrado el poder en manos del régimen sandinista. Entre los afectados figuran figuras relevantes como Álvaro Baltodano Cantarero, ex asesor presidencial y delegado de inversiones, y su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy, así como el coronel en retiro Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez y el opositor Larry Martínez. La Fiscalía nicaragüense los acusa de “lavado de dinero” y evasión fiscal, imputándoles la creación de “20 sociedades de papel”, un cargo que la CIDH considera una excusa para justificar su encarcelamiento.
Lo que nadie cuenta es la fragilidad de la situación. Tres de los detenidos superan los 65 años, lo que agrava la urgencia de garantizar su acceso a atención médica adecuada, algo del que, según informes de la organización Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, se estarían privando en el centro de detención La Modelo. La prolongada desaparición de Baltodano Cantarero y su hijo, sin información sobre su estado de salud, es una fuente de creciente preocupación en la comunidad internacional.
Desapariciones y silencio oficial
La CIDH ha señalado que el paradero de Brenes, su esposa y Martínez permanece desconocido desde su detención, lo que aumenta el riesgo de violaciones graves a sus derechos. El Estado nicaragüense, según la Comisión, ha fallado en presentar pruebas concretas de protección o investigación, incumpliendo así sus obligaciones bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. La solicitud a la Corte IDH busca garantizar la vida, integridad, salud y libertad personal de estos disidentes, exigiendo además un informe oficial sobre su situación.
La cifra habla por sí sola: la CIDH ha reiterado que sus gestiones formales y solicitudes de información al gobierno de Nicaragua no han recibido respuesta, evidenciando una falta de transparencia y una negativa a colaborar en la investigación de estas denuncias. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que la estabilidad democrática en Nicaragua pende de un hilo.
Este recurso ante la Corte IDH se produce en un contexto de creciente tensión política y social, marcado por las controvertidas elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido en un proceso denunciado por la exclusión de sus principales rivales. La persecución a la disidencia y la erosión de las libertades civiles se han convertido en una constante, dejando a Nicaragua al borde de una crisis humanitaria y política.