Mulino frena ambicioso plan para jóvenes: ¿fin de una vía al empleo?
En un giro inesperado, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha devuelto al Congreso el proyecto de ley 145, una iniciativa que buscaba revolucionar la inserción laboral de jóvenes adultos a través de una “Política de Estado de Carrera Vocacional”. La medida, aprobada con unanimidad en febrero de 2026, se desmorona ante la desconfianza del Ejecutivo, quien aduce vicios de inconstitucionalidad y una preocupante falta de planificación.
La objeción presidencial: un choque de competencias
La decisión de Mulino, comunicada en una nota fechada el 24 de marzo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, no se basa en una oposición ideológica a la iniciativa, sino en una profunda preocupación por su viabilidad técnica y legal. Según la misiva, el proyecto incurre en una superposición de competencias entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sistema educativo y las universidades, generando un riesgo de conflicto burocrático que podría paralizar su implementación.
La principal crítica reside en la falta de claridad en la definición de la población objetivo. ¿A qué jóvenes se dirige exactamente esta política? ¿Cómo se determinarán sus habilidades y gustos personales para alinearlos con las demandas del mercado laboral? La ausencia de respuestas a estas preguntas, en opinión del presidente, introduce una ambigüedad que dificulta la ejecución del plan.
Además, la ley ignora el rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, lo que debilita la coherencia institucional. La omisión de una coordinación obligatoria con esta entidad, encargada de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral, es vista como una grave deficiencia.
Pero el problema más grave, según la nota de Mulino, radica en la ausencia de una fuente de financiamiento para los programas, certificaciones y plataformas tecnológicas que prevé la ley. La implementación de estas medidas implicaría erogaciones presupuestarias significativas, sin que se establezca cómo se cubrirán estos gastos. A esto se suma la existencia de una normativa preexistente en materia educativa, que recae en el Ministerio de Educación, lo que podría generar una superposición normativa y más conflictos.
¿Formación o título? la incertidumbre sobre las certificaciones
Un aspecto especialmente preocupante para Mulino es la falta de precisión sobre la naturaleza de las certificaciones que otorgaría la institución. ¿Corresponderían a programas de capacitación laboral o equivaldrían a títulos académicos? Esta incertidumbre genera dudas sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional actualmente regulada por las universidades y el sistema educativo nacional. La ley, en su redacción actual, parece apuntar a una diversificación de las opciones de formación, buscando alternativas a las carreras tradicionales ante la saturación del mercado laboral. El objetivo, según el proyecto, es ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan identificar carreras idóneas a sus capacidades y satisfacción personal, promoviendo al mismo tiempo la cultura del emprendimiento.
El proyecto, impulsado por el diputado Ariel Vallarino, del partido oficialista Realizando Metas, pretendía que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dirigiera, desarrollara e implementara la política, adaptándola a las características de cada provincia y grupo etario. La iniciativa se presentaba como “una apuesta estratégica para el presente y el futuro del país”, buscando “sentar las bases para el desarrollo del talento humano”.
La decisión de Mulino busca evitar una política sin rumbo, destinada al fracaso. La arena política panameña, acostumbrada a promesas audaces, se enfrenta ahora a la realidad de una gestión responsable y, quizás, menos espectacular.
Las palabras del presidente son claras: antes de impulsar una política que busca transformar el futuro laboral de los jóvenes, es necesario sentar las bases sólidas de un plan viable, realista y, sobre todo, financiable. El futuro de miles de jóvenes panameños pende de un hilo, esperando que el Congreso, tras la objeción presidencial, sea capaz de presentar una versión mejorada y más sólida de esta ambiciosa, pero ahora cuestionada, política.