Minedu expulsa a 214 docentes y administrativos por delitos graves
El Ministerio de Educación (Minedu) ha separado del servicio a 214 docentes y trabajadores administrativos en todo el país, revelando una profunda crisis de integridad dentro del sector educativo.
Separaciones masivas tras investigaciones de delitos
La decisión, tomada durante el primer trimestre de 2026, se basa en investigaciones que vinculan a los individuos con condenas o procesos judiciales por delitos graves. De los 214 casos, 186 correspondían a docentes y 28 a personal administrativo, distribuidos en 201 colegios públicos y 12 privados.
El informe del Minedu detalla que 201 de estas separaciones están relacionadas con delitos contra la libertad sexual, incluyendo 174 casos de violación sexual. Además, cinco docentes enfrentan cargos por terrorismo y apología del terrorismo. La cartera educativa enfatiza que esta acción forma parte de una política de depuración y vigilancia continua.
El inicio del año escolar 2026, que movilizó a más de seis millones de estudiantes, se vio empañado por la noticia. La preocupación de las familias es palpable, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde ciento adolescentes quedaron sin plaza en primer año de secundaria. La resolución de este problema, con la apertura de sesenta plazas adicionales en la escuela Nicolás Copérnico, no disipa la inquietud sobre la seguridad en las instituciones.
El Minedu asignó 295 millones de soles para mantenimiento preventivo entre enero y febrero, pero estas inversiones no evitan la crisis de confianza. La política de selección y control exhaustivos, tanto en el sector público como privado, se presenta ahora como una necesidad imperiosa.
La cifra habla por sí sola: 214 personas vinculadas a delitos graves expulsadas del sistema educativo. La prioridad ahora es asegurar entornos seguros, una tarea que requiere no solo medidas punitivas, sino también una revisión profunda de los procesos de selección y una inversión sostenida en la protección de los estudiantes.
El retorno a clases ha dejado al descubierto no solo problemas de seguridad, sino también un déficit de vacantes en zonas urbanas densamente pobladas. La gestión educativa enfrenta un doble desafío: garantizar la seguridad de los menores y asegurar el acceso a la educación, una paradoja que exige soluciones urgentes y coordinadas. La educación no puede ser un riesgo.