México dividido: onu en la mira y la justicia, extraviada
El caso de las desapariciones forzadas en México ha escalado a un nivel crítico, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) preparando su presentación ante la Asamblea General. Pero lo que realmente sorprende no es la intervención internacional, sino la respuesta interna: una fractura profunda entre dos organismos de derechos humanos que, ante una crisis nacional de proporciones alarmantes, parecen mirar en direcciones opuestas. Son más de 100 mil personas desaparecidas, una cifra que debería unir, pero que, en este caso, revela una desorganización institucional que socava cualquier esfuerzo por la verdad y la justicia.
La cndh, al amparo de ong’s cuestionadas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, ha emitido un duro rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. La CNDH acusa al comité de basarse en “posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales”, un argumento que recuerda la estrategia de negación adoptada por el gobierno federal. La crítica se centra en la influencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una organización cuya labor de documentación de las deficiencias del Estado mexicano ha sido sistemáticamente cuestionada por sectores oficialistas.
Pero hay un detalle que resulta particularmente preocupante: la CNDH parece priorizar la defensa de la institucionalidad mexicana por encima de la búsqueda de la verdad. Al rechazar el informe de la ONU, se corre el riesgo de legitimar la impunidad y de cerrar la puerta a la cooperación internacional, vital para esclarecer los miles de casos de personas desaparecidas.
La cdhcm: un llamado al diálogo
En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha visto en el dictamen de la ONU una “oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo”. La CDHCM enfatiza la necesidad de “una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica”, reconociendo que la magnitud de la crisis exige un enfoque integral y colaborativo.
Lo que revela esta divergencia no es solo una disputa técnica, sino una profunda diferencia de perspectiva sobre el papel de la cooperación internacional en la defensa de los derechos humanos. Mientras la CNDH parece aferrarse a una visión nacionalista y restrictiva, la CDHCM aboga por una apertura al escrutinio externo, entendiendo que la búsqueda de la verdad y la justicia requiere de la colaboración de todos los actores, incluyendo la comunidad internacional.
La fisura institucional se manifiesta en un momento crítico. Los colectivos de familias buscadoras, que con sus propias manos siguen excavando en fosas clandestinas, se enfrentan a una respuesta estatal fragmentada y, en ocasiones, contradictoria. La cifra de 100 mil personas desaparecidas es una herida abierta en el tejido social mexicano, y la falta de una respuesta unificada y efectiva por parte de las instituciones solo agrava el dolor y la desesperanza de las familias.
El debate sobre la validez del informe de la ONU y la necesidad de una mayor cooperación internacional es secundario frente a la urgencia de encontrar a las personas desaparecidas y de garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La prioridad, y no es menor, debe ser la víctima y sus familiares, no la defensa a ultranza de una narrativa oficial que, hasta la fecha, ha demostrado ser incapaz de resolver esta crisis humanitaria.