Menstruación digna: diputada impulsa ley para garantizar un derecho
En medio de una creciente presión social y una clara demanda ciudadana, la diputada Marisela Zúñiga Cerón ha presentado una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca convertir la gestión menstrual en un derecho humano garantizado para las mujeres en México. La medida, respaldada por organizaciones civiles y una jornada de protesta pacífica, pretende desmantelar una realidad de desigualdad y falta de acceso a recursos básicos.
La transparencia como herramienta de cambio
La propuesta no se limita a la distribución de productos sanitarios, sino que busca una transformación integral. El primer punto de acuerdo obliga a las 32 entidades federativas a publicar informes detallados sobre el estado real de sus políticas de menstruación digna, poniendo fin a la opacidad y permitiendo que la ciudadanía supervise y exija rendición de cuentas. Una medida audaz, considerando que, según la propia legisladora, la situación varía drásticamente entre estados, con algunos aún careciendo de cualquier política al respecto.
Pero hay un detalle que pone en perspectiva la urgencia de la situación: incluso en ciudades como Ciudad de México y Jalisco, donde se han implementado algunas acciones, la brecha persiste. El problema no es solo la falta de productos, sino la ausencia de infraestructura básica: baños limpios, privados y con acceso a agua potable. La educación menstrual, desprovista de estigmas y articulada con la educación sexual y reproductiva, es otro pilar fundamental.
Una encuesta para dimensionar el problema
La iniciativa contempla la creación de la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (Enagem), una herramienta científica que permitirá a México medir de manera sistemática el alcance del problema. La cifra habla por sí sola: el 43% de las adolescentes en hogares de bajos recursos enfrenta dificultades para acceder a productos básicos. Y lo que a menudo se oculta, el llamado “impuesto rosa”, será finalmente dimensionado al incluir el gasto en gestión menstrual en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH).
Berenice Vargas Ibáñez, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), enfatizó la importancia de la colaboración entre sociedad civil, academia y gobierno. Una visión compartida por Beatriz Maldonado, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas por la Libertad, quien denunció la alarmante situación de las mujeres en prisiones mexicanas, obligadas a recurrir a soluciones improvisadas y precarias, incluso a “romper colchones de esponja”. La falta de acceso a toallas sanitarias en los centros penitenciarios, un reclamo constante desde hace seis años, pone en evidencia la persistente falta de atención a las necesidades más básicas de un sector vulnerable de la población.
Copred ha extendido su atención a grupos prioritarios como personas en situación de calle, personas afromexicanas, indígenas y con discapacidad, buscando soluciones personalizadas que eliminen barreras de acceso.
La legislación, si es aprobada, no solo representaría un avance significativo en la defensa de los derechos de las mujeres, sino un paso firme hacia una sociedad más justa e igualitaria. La batalla por la menstruación digna en México apenas comienza, pero la iniciativa de la diputada Zúñiga Cerón marca un punto de inflexión, obligando al Estado a asumir su responsabilidad y a garantizar un derecho fundamental que ha sido sistemáticamente ignorado.