Juicio político a zelaya: fiscal denuncia amenazas y plazos restrictivos
Honduras se sume en una crisis institucional con el inicio del juicio político contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya. La medida, impulsada por el Congreso Nacional, se desarrolla en medio de acusaciones de amenazas de muerte y fuertes críticas a la limitación de sus derechos a la defensa.
Zelaya se enfrenta a un juicio político con plazos críticos y presuntas amenazas de la ms-13
El suspendido fiscal general denunció recibir amenazas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la propuesta de renunciar a su cargo antes de enfrentar el juicio político. Zelaya alega que el Congreso le concedió un plazo de tan solo 16 horas para preparar su defensa, un tiempo que califica como “inaudito” y que vulnera el debido proceso, según sus declaraciones a Radio América.
“Me ha llegado información de amenazas de la MS contra mi persona, para atentar contra mi vida”, afirmó Zelaya, quien también reveló que los videos conocidos como “narcovideo”, que lo vinculan con Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso, datan de hace doce años y no contienen pruebas judiciales sólidas.
El fiscal general defendió su gestión ante el Ministerio Público, afirmando que se presentaron requerimientos fiscales contra personas de todos los partidos políticos. Negó rotundamente vínculos con corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos. “Me voy con la frente en alto”, declaró Zelaya, insistiendo en que el juicio político responde a intereses políticos.
La medida genera preocupación por un posible precedente institucional de alcance incierto. Zelaya advirtió sobre los riesgos para el país, responsabilizando al Estado por su seguridad personal y asegurando que sus seguidores no permanecerán pasivos ante cualquier eventualidad. “Si a mí me llega a pasar algo, van a haber problemas en este país”, lanzó el funcionario.
El juicio político no se limita a Zelaya. Se prevén juicios similares contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. La salida del Ministerio Público, según Zelaya, es un “acto meramente político”.
La medida ha generado un terremoto en el sistema judicial hondureño, con un impacto que se extiende a sus más cercanos colaboradores. Zelaya se despidió con una declaración contundente: “Me voy con los mismos amigos que siempre tuve.”
El Congreso Nacional argumenta que las acusaciones contra Zelaya justifican el juicio político, pero la rapidez con la que se ha llevado a cabo el proceso ha levantado interrogantes sobre la independencia del poder judicial. La decisión, más allá de los intereses partidistas, podría desestabilizar aún más un país que ya enfrenta profundas divisiones políticas.
La carencia de garantías procesales y las amenazas a la integridad del fiscal general son señales alarmantes. La pregunta que queda en el aire es si esta decisión desencadenará una escalada de tensiones y polarización en Honduras, con consecuencias impredecibles para el futuro del país. La política hondureña, de todos modos, se ha vuelto aún más volátil.