Israel se acerca a la pena de muerte para 'terroristas': palestinos en riesgo, según la onu
Jerusalén enfrenta una semana decisiva: la Knesset podría aprobar una ley que permitiría ejecutar a personas acusadas de terrorismo. La medida, que genera una profunda controversia internacional, podría tener implicaciones dramáticas para la población palestina en Cisjordania.
La ley, impulsada por el partido de itamar ben gvir, podría aplicarse selectivamente
La polémica ley, promovida por el europarlamentario israelí Itamar Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, está en la última etapa del proceso legislativo. Tras meses de debate, el pleno de la Knesset podría votarla esta semana, coincidiendo con la aprobación del presupuesto general de 2026. La aprobación podría ocurrir en un contexto de tensiones internas dentro del gobierno de Benjamin Netanyahu.
La principal preocupación radica en que la ley, según advierten organizaciones de derechos humanos como Adalah, podría aplicarse de manera selectiva. Mientras que los palestinos en Cisjordania, sujetos a la ley militar israelí, podrían enfrentarse a la pena capital, los ciudadanos israelíes, incluyendo los colonos, no estarían obligados a cumplir la misma condición. Para estos últimos, se requeriría que el asesinato se cometiera para negar la existencia del Estado de Israel.
“Muchos niveles de ilegalidad”, así describe la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, la nueva ley. Según Azem, la legislación impone a los tribunales la obligación de aplicar la pena de muerte, eliminando la discrecionalidad judicial y procesal. Expertos del Consejo de Europa han expresado su preocupación por las definiciones vagas de terrorismo en la ley, que podrían incluir actos que no califican como terrorismo genuino.
La abogada señala que la ley viola el derecho internacional, al negar garantías de un juicio justo a los palestinos juzgados por tribunales militares. Además, argumenta que la ley está diseñada para evitar su aplicación a ciudadanos israelíes, lo que la convierte en una medida discriminatoria y contraria a la tendencia global de abolición de la pena de muerte. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha instado al gobierno israelí a retirar la propuesta.
Si la ley es aprobada, las ejecuciones se llevarían a cabo por ahorcamiento dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, con la identidad de los ejecutores mantenida en secreto. La implementación de esta ley, según Azem, no solo cuestiona la justicia, sino también el compromiso de Israel con los principios fundamentales del derecho internacional.
La aprobación de la ley no solo plantea interrogantes sobre la justicia y los derechos humanos. Consolida una realidad de conflicto y desesperanza que se extiende por décadas.