Indulto a 'las seis de la suiza': ¿justicia o resquicio para la protesta?
Gijón – El Gobierno ha concedido indulto a Héctor González y a las cinco mujeres conocidas como 'Las Seis de La Suiza', sindicalistas condenadas por coacciones al propietario de una pastelería local. Una decisión que, lejos de cerrar un capítulo, ha abierto un debate encendido sobre los límites de la libertad sindical y el papel de la protesta social en la resolución de conflictos laborales.
Un proceso judicial polémico
El caso, originado en 2015 y 2016, se remonta a una disputa entre el dueño de la pastelería y una empleada embarazada que solicitó una baja laboral. La negativa del empresario derivó en movilizaciones organizadas por la CNT, cuyo clímax fue la ocupación de la pastelería y la posterior condena judicial. El Tribunal Supremo ratificó una pena de dos años de cárcel por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, además de una indemnización de 150.000 euros al propietario, lo que provocó su cierre.
Héctor González, portavoz del grupo, ha defendido la legitimidad de las protestas, calificándolas de “excesivas” en su calificación como coacciones graves. “Se trataron de quince concentraciones durante tres meses. El juez que dictó sentencia, de hecho, es conocido por su severidad con activistas sociales, y es probable que este caso hubiera sido archivado si se hubiera presentado en otro juzgado”. La percepción de un sesgo judicial, aunque difícil de probar, añade una capa de complejidad a la controversia.

El indulto: ¿un acto de justicia o un precedente peligroso?
La decisión del Consejo de Ministros, propuesta por el Ministerio de Trabajo, ha sido recibida con reacciones encontradas. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha justificado la medida afirmando que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”. Sin embargo, la persistencia de la obligación de abonar una indemnización de 125.000 euros y multas de 3.000 euros a cada uno de los condenados – consecuencia de informes negativos de la Judicatura que impidieron un indulto total – deja en evidencia las limitaciones de la gracia gubernamental.
El temor que expresa González es palpable: que esta sentencia, ahora convalidada por el indulto, sirva de precedente para restringir la libertad de acción sindical. “Un juez o una empresa podrían utilizar este caso para intentar deslegitimar las protestas legítimas”, advierte. La unidad de los sindicatos y el apoyo de partidos como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, que incluso presentaron una iniciativa parlamentaria, han sido cruciales para forzar esta concesión.
Más allá del caso concreto, lo que está en juego es la propia definición de los límites de la protesta social. ¿Hasta dónde puede llegar la presión ciudadana para defender los derechos de los trabajadores sin cruzar la línea de la ilegalidad? La respuesta, a juzgar por la polarización del debate, dista mucho de ser sencilla. La experiencia de 'Las Seis de La Suiza', tras un periplo carcelario breve pero intenso, nos deja con la amarga reflexión de que, a veces, la victoria se sabe agridulce.