Ibiza: desalojo inminente en sa joveria ante riesgos sanitarios
La calma habitual en los alrededores del estadio Can Misses de Ibiza se verá rota el próximo 21 de abril, cuando el Ayuntamiento ejecute el desalojo del asentamiento de sa Joveria, una zona donde, según las autoridades, la vida transcurre en condiciones “inaceptables”. La orden judicial, emitida por el Tribunal de Instancia de Palma, pone fin a una larga batalla legal y a las reiteradas advertencias municipales a los propietarios de la parcela.
Un foco de riesgo a escasos metros del hospital
La proximidad del asentamiento al Hospital Can Misses es, quizás, el factor más preocupante. Los informes médicos, incorporados al expediente judicial, describen una situación alarmante: riesgos de contaminación del suelo y aguas subterráneas, proliferación de plagas, y un peligro constante de incendios debido al uso de hornillos y estufas improvisadas. El hospital, además, alerta sobre accesos no autorizados a su recinto y un aumento de la carga operativa para los servicios de seguridad y desinfección.
130 personas, según los últimos recuentos de la Policía Local, residen actualmente en infraviviendas, casetas y tiendas de campaña en la zona. A pesar de las precarias condiciones de vida, la situación se ha mantenido durante años, alimentando un debate sobre la gestión de la vivienda social y la responsabilidad de los propietarios de la parcela. Según fuentes del Ayuntamiento, las reclamaciones a los propietarios, realizadas en noviembre pasado, no han surtido efecto, lo que ha forzado la intervención judicial.
Más desalojos en el horizonte
Pero lo de Sa Joveria no es el único desalojo previsto. El 29 de abril, otro solar privado, situado a las espaldas del mismo estadio Can Misses, sufrirá un destino similar. En esta ocasión, unas 80 personas se ven afectadas, también viviendo en caravanas y estructuras precarias. La sucesión de desalojos plantea interrogantes sobre el futuro de estas personas y la capacidad del Ayuntamiento para ofrecer alternativas habitacionales.
El consistorio justifica la medida, más allá de los riesgos sanitarios y de seguridad, en la necesidad de restaurar la legalidad y garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas. Pero la realidad es que, mientras la burocracia avanza, unas 210 personas se enfrentan a la incertidumbre de quedarse en la calle, un reflejo, una vez más, de las tensiones entre el desarrollo turístico y la vulnerabilidad social en la isla.