El miedo redefine la política latinoamericana: seguridad, la nueva urgencia
Las imágenes de custodios penitenciarios escoltando a presuntos líderes de pandillas hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador ya no son una noticia aislada. Son el síntoma de un cambio tectónico en la política latinoamericana: la seguridad ha desplazado a la economía como principal preocupación de los ciudadanos y, por ende, como factor decisivo en las urnas.
De la inflación al terror: un cambio radical en las prioridades
Hace apenas unos años, los debates políticos giraban en torno a la inflación, las devaluaciones o las reformas del Estado. Hoy, la conversación pública está dominada por la inseguridad, la violencia y la percepción de una pérdida de control territorial por parte de los gobiernos. No es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia de una escalada del crimen organizado, la proliferación de economías ilegales y la erosión gradual de la autoridad estatal en toda la región.
El ciudadano latinoamericano, cansado de promesas incumplidas de desarrollo, exige algo más elemental: poder vivir sin temor. Y los partidos políticos, con una rapidez sorprendente, han respondido a este clamor. Desde la retórica de “law and order” que catapultó a Donald Trump en Estados Unidos, hasta la elección de Daniel Noboa en Ecuador y el auge de propuestas como la de José Antonio Kast en Chile, la fórmula es clara: quienes ofrecen orden y resultados son recompensados, mientras que la ambigüedad y la indecisión son castigadas.
El caso el salvador: ¿una lección o una excepción?
En este contexto, El Salvador se erige como un caso paradigmático. En pocos años, el país ha pasado de ser el más violento del mundo a un referente regional en la recuperación de la autoridad estatal y la reducción de la criminalidad. Zonas que antes estaban bajo el yugo de las pandillas ahora muestran signos de actividad económica y una sensación de normalidad que parecía una utopía. Este éxito en materia de seguridad ha impulsado la popularidad del presidente Nayib Bukele, pero la pregunta que surge es: ¿existe una “receta salvadoreña” replicable?
Basándome en mi experiencia comparada y años de seguimiento a este tema desde la Casa Blanca, me atrevo a afirmar que no. Lo que observamos es una combinación de factores específicos, pero que, analizados con detenimiento, arrojan lecciones valiosas para enfrentar el problema de la inseguridad. Tres pilares fundamentales deben ser la base de cualquier estrategia: el marco legal, la infraestructura y la actitud.
Marco legal: más allá de endurecer penas
La lucha contra el crimen exige herramientas legales que disuadan la actividad criminal, castiguen a los responsables y reduzcan la reincidencia. Durante décadas, los países de la región han combatido estructuras criminales complejas con leyes obsoletas, enfocadas en delitos individuales. El resultado ha sido un desequilibrio evidente: organizaciones criminales con jerarquías, control territorial y capacidad de intimidación masiva frente a sistemas legales débiles y fragmentados. Es imperativo reformar sustantiva y procesalmente los sistemas de justicia, permitiendo perseguir a organizaciones enteras, responsabilizar a las cadenas de mando y agilizar la respuesta del Estado. Incorporar delitos complejos, desde la violencia común hasta el ciberdelito, es crucial.
Infraestructura: equipar al estado para la batalla
Garantizar el orden público requiere no solo leyes, sino también recursos y herramientas. Equipos de protección adecuados, armamento moderno y tecnología de punta son indispensables para que las fuerzas del orden puedan desempeñar su labor eficazmente. No es suficiente con buenas intenciones; se necesita invertir en vehículos, armas, sistemas de identificación y bases de datos integradas. Asimismo, es vital dignificar el trabajo de los funcionarios encargados de nuestra seguridad: policías, fiscales, jueces y militares deben recibir salarios justos y contar con centros de rehabilitación y cárceles bien diseñadas y supervisadas.
Actitud: la voluntad de recuperar la seguridad
Por último, pero no menos importante, existe un ingrediente intangible pero esencial: una actitud implacable contra el crimen. Liderazgo, convicción y carácter son cualidades que deben guiar a los tomadores de decisiones y a la sociedad en general. La prioridad debe ser proteger a quienes cumplen la ley y defender los derechos de las víctimas, no los de los victimarios. Los cambios legislativos, las políticas públicas y la asignación de recursos son señales que definen a quién se protege y a quién se coloca en el centro de la acción estatal. En una conversación reciente con el Ministro de Seguridad de El Salvador, Villatoro, me transmitió una idea simple pero poderosa: quien despoja de humanidad a sus víctimas, debe ser tratado en consecuencia. Quien va en contra de los derechos de los otros, perderá los propios, y el Estado es el encargado de que eso se cumpla.
La política latinoamericana está siendo reorganizada por el miedo. Y, hasta que el Estado recupere su capacidad de infundir confianza y proteger a sus ciudadanos, la inseguridad seguirá siendo el eje central del debate político. La normalización de la extorsión y la reclusión en el propio hogar no pueden ser la nueva normalidad. El futuro de la región depende de ello.