Crisis salud colombia: decreto polémico amenaza a millones de afiliados
Decreto de salud divide al gremio asegurador
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ha implementado el decreto 0182 de 2026, buscando una reestructuración del sistema de aseguramiento en salud. Esta medida, que replica un decreto previamente suspendido, establece un enfoque territorial y poblacional, redistribuyendo a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) según nuevos criterios de habilitación. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha manifestado serias preocupaciones sobre sus posibles consecuencias.
¿Qué implica el nuevo decreto?
El decreto exige que las EPS operen únicamente en los territorios donde cuenten con un porcentaje mínimo de afiliados. Esto podría generar varios efectos: el retiro de algunas EPS de municipios que no cumplen con el requisito, la asignación de nueva población a otras EPS y un aumento de la concentración de usuarios en la Nueva EPS, que se perfila como la principal en el país.
Preocupaciones por la atención al paciente
La Acemi advierte que esta redistribución masiva, especialmente en EPS con problemas financieros y operativos, representa un riesgo para la atención de los pacientes. La fragmentación del aseguramiento y la heterogeneidad de los operadores dificultan una redistribución equitativa. La Nueva EPS, que no ha presentado estados financieros desde 2023, se enfrenta a serias dificultades para garantizar el acceso a servicios, medicamentos y procedimientos.
Impacto en la nueva eps
Según cálculos de la Acemi, la Nueva EPS podría recibir hasta 2,6 millones de nuevos afiliados, un incremento del 22,6%. Esta situación, sumada a la ya existente carga operativa, podría comprometer su capacidad para brindar una atención adecuada a la creciente demanda. Otras EPS intervenidas también podrían experimentar aumentos significativos en sus usuarios.
Repetición de un decreto suspendido
La Acemi cuestiona la implementación del decreto a través de este mecanismo legislativo, argumentando que reproduce la finalidad del decreto 0885 de 2025, que fue suspendido por el Consejo de Estado. Esta acción se considera un desacato al fallo judicial y genera incertidumbre sobre la legalidad del nuevo marco normativo.
Enfermedades huérfanas: un sistema en crisis
Paralelamente a la crisis del aseguramiento, más de 116.000 colombianos conviven con enfermedades huérfanas, enfrentando obstáculos burocráticos para acceder a diagnósticos y tratamientos. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce a estos pacientes como sujetos de especial protección, pero la crisis del sistema de salud ha exacerbado las demoras y suspensiones de terapias. El 71% de los afectados perciben un deterioro en la atención desde 2024.
Acceso a la justicia como única opción
Ante la falta de soluciones efectivas, el 87% de los pacientes con enfermedades huérfanas han recurrido a la vía judicial para obtener servicios. Solo el 21% ha logrado una resolución favorable. La situación es particularmente grave en regiones como Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca, donde se concentran la mayoría de los casos. La complejidad burocrática y la falta de recursos dificultan el acceso a tratamientos vitales.