Crisis en el sistema de salud: eps bajo investigación por fallas financieras y deterioro en la atención

La Procuraduría General de la Nación ha abierto una serie de investigaciones disciplinarias y suspendido temporalmente a interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) SOS y Savia Salud, revelando un preocupante panorama de deterioro financiero y deficiencias en la prestación de servicios. La medida, que golpea al sistema de salud colombiano, se produce en un contexto de creciente tensión por la reforma en curso.

La decisión se sustenta en visitas administrativas realizadas por el Ministerio Público, que evidenciaron que las intervenciones ordenadas previamente no lograron estabilizar a las entidades, sino que, al contrario, agravaron indicadores financieros y de atención.

Eps sos: suspensión de interventores y un preocupante aumento de quejas

En el caso de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), la investigación involucra a seis agentes especiales interventores, entre ellos Carlos Marino Escobar Vásquez y Carlos Alberto Betancur Castañeda, este último suspendido por tres meses. Se investiga si incumplieron sus funciones, lo que habría derivado en un deterioro del servicio, un incremento en las quejas (71% entre 2023 y 2025) y un aumento de las tutelas (14,5% en el mismo periodo). La siniestralidad alcanzó el 117,5% en 2024, significando que la EPS gastó más de lo que recaudó.

La intervención de SOS, iniciada en abril de 2024, afectó a más de 750.000 usuarios en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda. El patrimonio de la EPS se desplomó de -$570.000 millones en 2022 a -$1,1 billones en 2024, mientras la liquidez cayó a niveles críticos.

Savia salud: desbalance financiero y fallas en el cumplimiento de decisiones judiciales

Savia salud: desbalance financiero y fallas en el cumplimiento de decisiones judiciales

Savia Salud, intervenida desde junio de 2023 y con 1,6 millones de afiliados principalmente en Antioquia, también enfrenta una grave crisis. La Procuraduría reporta un aumento del 33% en las quejas entre 2023 y 2025, y más de 64.000 tutelas en el mismo lapso. Un alarmante 21% de los fallos judiciales no fueron cumplidos. La rotación de interventores, con cuatro cambios en menos de dos años, es señalada como un factor que obstaculizó la continuidad de los planes de mejora.

La Procuraduría ha ordenado a la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Defensoría del Pueblo, presentar informes detallados sobre el seguimiento y control ejercido durante las intervenciones, incluyendo el cumplimiento de acciones de tutela y el manejo de recursos.

El Gobierno nacional administra actualmente ocho EPS intervenidas, entre ellas Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y SOS. Nueva EPS, por ejemplo, registró más de 38.000 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, superando las cifras previas a la intervención. La Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud también podrían ser objeto de análisis por su rol en el control de estas entidades.

La crisis en el sistema de salud colombiano no solo afecta a los usuarios, quienes reportan barreras en la atención y retrasos en la entrega de medicamentos, sino que también pone en tela de juicio el modelo de intervención adoptado por el gobierno. La situación, lejos de resolverse, se presenta como un desafío persistente para el sector.

La Procuraduría espera que estas investigaciones permitan esclarecer las responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, pero la realidad es que miles de colombianos siguen sin acceso a una atención médica digna.