Corte suprema: ¿transparencia o favoritismo en la selección de jueces?
La promesa de una Justicia más transparente, impulsada desde la cima del Poder Judicial, se topa con una sombra de sospechas. La Corte Suprema, a través de sus ministros Lorenzetti y Rosenkrantz, presentó un ambicioso proyecto para reformar la selección de magistrados, pero la coincidencia con el nombramiento del hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, ha desatado un debate encendido sobre la legitimidad del proceso.
Un reglamento para despolitizar las ternas
El proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, presentado el lunes pasado en un acto multitudinario con la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, busca, según sus impulsores, erradicar la discrecionalidad política en la designación de jueces. Se plantea un sistema de calificación más riguroso, un legajo digital único y la continuidad de los concursos anticipados, con el objetivo de desvincular las vacantes de las fluctuaciones políticas. Lorenzetti, en su presentación, enfatizó la existencia de un “déficit estructural” en el sistema actual, un reclamo recurrente de profesionales del derecho de todo el país.
Rosenkrantz, por su parte, remarcó que el Consejo de la Magistratura debe evaluar la propuesta con celeridad, advirtiendo que los proyectos anteriores, a pesar de sus virtudes, nunca llegaron a buen término. La consejera Jimena de la Torre, visiblemente activa en redes sociales, reconoció que el reglamento, si bien es un paso adelante, “no garantiza la llegada de los mejores”, pero insistió en su importancia para la estabilidad jurídica del país.
Pero hay un detalle que ensombrece este esfuerzo: el mismo día de la presentación, trascendió que el presidente Javier Milei había enviado al Senado una tanda de pliegos, incluyendo la propuesta de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, para el cargo de juez federal en Santa Fe. El joven abogado, aparentemente, no obtuvo la mejor puntuación en los exámenes ni fue valorado positivamente por sus antecedentes profesionales, sino que ascendió en las posiciones tras las entrevistas personales.
Este hecho, paradójicamente, es precisamente lo que el nuevo Reglamento busca regular, precisamente para disminuir los niveles de discrecionalidad en las entrevistas. La ironía es palpable: un proyecto diseñado para garantizar la transparencia del proceso se ve cuestionado por la designación de un candidato con un perfil, como mínimo, controvertido.
La cifra habla por sí sola: el nombramiento de Rosatti ha levantado suspicacias sobre un posible “acomodo” en el Poder Judicial, poniendo en tela de juicio la independencia y la imparcialidad de la Justicia. ¿Cómo puede el país confiar en un sistema judicial si la selección de sus miembros parece estar influenciada por lazos familiares y conexiones políticas?
Si se quiere fortalecer la confianza en la Justicia, es indispensable garantizar que los cargos sean ocupados por los más idóneos, no por los más allegados. Los atajos, en este caso, solo servirán para erosionar la credibilidad de un Poder Judicial que necesita urgentemente recuperar la confianza de los ciudadanos. El proyecto de Rosenkrantz y Lorenzetti representa una oportunidad, pero su éxito depende de que se aplique con rigor y sin excepciones.
La presentación de este proyecto, lejos de ser un avance, ahora se convierte en un espejo que refleja las inercias que persisten en el sistema judicial, demostrando que la transparencia no se logra con buenas intenciones, sino con acciones concretas y, sobre todo, con la voluntad de romper con viejos vicios. La legitimidad de la Justicia está en juego, y el futuro del país depende de ello.