Congo se convierte en punto de escala para migrantes deportados por ee.uu.
Kinsasa, República Democrática del Congo – Un acuerdo inusual entre Estados Unidos y la RDC ha desatado una ola de controversia. Washington, en una estrategia que recuerda a los tiempos de Trump, ha conseguido la aprobación de Kinsasa para acoger a migrantes deportados desde territorio estadounidense, una medida que organizaciones de derechos humanos ya han denunciado como un peligroso precedente.
Un “dispositivo de acogida temporal”, ¿o externalización de responsabilidades?
El Ministerio de Comunicación congoleño ha insistido en que se trata de un “dispositivo de acogida temporal”, desmintiendo cualquier acusación de que se trata de una “externalización de políticas migratorias”. Sin embargo, la rapidez con la que se ha concretado el acuerdo, anunciado apenas un día antes por EFE, levanta sospechas. El gobierno estadounidense asumirá la logística y los costes operativos, aliviando la carga financiera para la RDC, pero dejando a Kinsasa con la responsabilidad de gestionar la acogida de estos migrantes.
La clave del acuerdo reside en la promesa de control por parte de las autoridades congoleñas. Cada caso será examinado individualmente, según las leyes del país y su seguridad nacional, y se ubicarán en instalaciones en Kinsasa. Pero, ¿será suficiente para garantizar un trato justo y evitar riesgos de detención arbitraria o deportaciones forzadas, tal y como advierten las organizaciones de derechos humanos?
40 millones de dólares ya han sido gastados por Washington en la deportación de inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe del Senado estadounidense. El precedente de acuerdos similares con El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial no augura un futuro tranquilo para estos migrantes, expuestos a un limbo legal y a potenciales abusos.
Pero hay un detalle que complica aún más la situación: la inestabilidad política y la violencia persistente en la región oriental de la RDC. El conflicto entre el ejército congoleño y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), con el presunto apoyo de Ruanda, ha desestabilizado la zona desde 2022. La llegada de migrantes deportados podría exacerbar las tensiones y poner en peligro la seguridad de la región.
El acercamiento entre Estados Unidos y la RDC, impulsado por la necesidad de estabilizar la región, ha servido como catalizador para este acuerdo. Pero el precio a pagar, según las organizaciones de derechos humanos, podría ser demasiado alto: la vulneración de los derechos fundamentales de cientos de personas, utilizadas como peones en un juego geopolítico que nada les importa.
La cifra habla por sí sola: 300 inmigrantes deportados a terceros países en el último año. Ahora, Kinsasa se enfrenta al reto de demostrar que puede acoger a estos migrantes con dignidad y respeto, evitando convertirse en un simple depósito de personas en busca de una oportunidad que, quizás, nunca llegue.