Cataluña exige más fiscales: ¿suficiente para frenar la saturación judicial?
Barcelona se prepara para un choque diplomático con la Fiscalía General del Estado. Ramon Espadaler, conseller de Justicia de la Generalitat, buscará la próxima semana una asignación de fiscales desproporcionada para Cataluña, desafiando las ratios poblacionales habituales. La cifra, aún no revelada, busca aliviar una presión judicial que, según fuentes internas, se ha vuelto insostenible.
La carga de trabajo, el argumento central
Espadaler, en una entrevista concedida, reveló que la reunión con Teresa Peramato, Fiscal General del Estado, está programada para el próximo jueves en Madrid. El objetivo: que la futura dotación de 200 fiscales a nivel nacional se traduzca en un refuerzo significativo para Cataluña, superando la distribución basada en su población. La Generalitat argumenta que el incremento de la litigiosidad, sumado a la reciente creación de 91 plazas de jueces y la futura adición de 90 más para 2027, exige una respuesta proporcional en el ámbito fiscal. La Fiscalía Superior de Cataluña ya está involucrada en las negociaciones, buscando afinar la cifra exacta que se pretende solicitar.
Lo que nadie cuenta es que esta exigencia no surge de la nada. Las asociaciones de fiscales y abogados han denunciado reiteradamente la sobrecarga de trabajo, un problema que, según el conseller, se agrava con el aumento sostenido del 3% anual de la población reclusa en las cárceles catalanas, que se encuentran ya al 91% de su ocupación.
Cárceles al límite y planes de emergencia
La situación carcelaria ha obligado a la Generalitat a activar un plan de seguridad para incrementar la capacidad de las prisiones, con una directriz clara: evitar que se superen las dos personas por celda. El proyecto más ambicioso es la creación de 250 nuevas plazas en la cárcel de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragona), utilizando módulos industriales. Pero la Generalitat no descarta ampliar otras prisiones, aunque considera que este aspecto no es prioritario en el momento actual.
Paralelamente, la administración catalana está desplegando un plan para instalar inhibidores de drones en las cárceles, en colaboración con los Mossos d'Esquadra. La medida, destinada a evitar la entrada de drogas y dispositivos de telefonía móvil, refleja la creciente sofisticación de los métodos utilizados para introducir elementos prohibidos en los centros penitenciarios. La formación práctica del personal penitenciario también está siendo reforzada, en un esfuerzo por mejorar la seguridad y la eficiencia en la gestión de las prisiones.
El conseller Espadaler ha anunciado que, al igual que se hizo con las nuevas plazas judiciales, la Generalitat presentará enmiendas al real decreto del Gobierno, alineándose con las propuestas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para asegurar que la dotación de fiscales responda a las necesidades reales de la comunidad, y no a meras consideraciones demográficas.
La batalla por los fiscales en Cataluña pone de manifiesto una tensión latente entre la Generalitat y el Ministerio de Justicia, en un contexto de creciente demanda de servicios judiciales y un sistema carcelario al borde del colapso. La cifra final de plazas asignadas, prevista para el decreto del Ministerio de Presidencia y Justicia, determinará si la justicia catalana puede respirar, o si seguirá ahogada en un mar de expedientes.