Audiencia nacional rechaza asilo a venezolano: ¿un golpe a la protección lgbtq+?
Un ciudadano venezolano que huyó de su país alegando persecución por su orientación sexual y xenofobia ha visto cómo la Audiencia Nacional deniega su solicitud de asilo y protección subsidiaria. La decisión, que implica el pago de hasta 1.500 euros en costas judiciales, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan quienes buscan refugio en España y plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de protección internacional.
Un relato de hostigamiento y amenazas sin el respaldo suficiente
El solicitante, que llegó a Madrid en octubre de 2021, relató un historial de insultos, amenazas y acoso en Venezuela, agravados por problemas de salud mental y un intento de suicidio durante su etapa universitaria. Buscando escapar de esta situación, primero encontró refugio en Colombia y, posteriormente, en Perú, donde residió durante más de tres años y se desempeñó como teleoperador. Sin embargo, la xenofobia y la discriminación, según su testimonio, lo obligaron a abandonar el país andino.
Pero la Audiencia Nacional, en su resolución, considera que el relato del solicitante carecía de la concreción y el respaldo probatorio necesarios. La ausencia de denuncias formales o elementos objetivos que acreditaran los hechos expuestos fue un factor determinante en la decisión. La Administración argumentó que, aunque se reconocen episodios de discriminación, estos no alcanzaban la gravedad requerida para ser calificados como persecución según la normativa internacional y española.
Un “tercer país seguro” que complica el caso La clave del fallo reside en la estancia del solicitante en Perú. La Audiencia Nacional enfatizó que, durante tres años y siete meses, el ciudadano venezolano residió en el país andino con autorización de residencia y trabajo, lo que, según el tribunal, lo convierte en un “tercer país seguro”. El hecho de que no haya solicitado protección internacional en Perú, a pesar de contar con la posibilidad de hacerlo, debilita su argumento sobre la necesidad de asilo en España.
La resolución judicial subraya que el gobierno peruano, a pesar de la llegada masiva de venezolanos, implementó campañas para combatir el racismo y favorecer la integración, y que el Código Penal peruano protege los derechos de la comunidad LGBTI. La sala, en definitiva, no encontró motivaciones suficientes para considerar que Perú no ofrecía una protección adecuada al solicitante.
El rechazo de la solicitud de asilo se produce en un contexto de saturación del sistema de asilo europeo, con casi un millón de casos a la espera. La decisión, aunque legalmente respaldada, inevitablemente genera debate sobre la protección de los derechos humanos de las personas LGBTQ+ que huyen de la persecución en sus países de origen. La cifra de 1.500 euros en costas judiciales, una carga económica adicional para un solicitante ya en una situación de vulnerabilidad, invita a reflexionar sobre la humanidad que debe acompañar la aplicación de la ley.