Agricultura de carbono en españa: el riesgo de que wall street se apodere de los campos
La agricultura española se enfrenta a un nuevo desafío: la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/3012, que certifica las absorciones de carbono en suelos agrícolas. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte que la ausencia de salvaguardas regulatorias podría poner en peligro el modelo profesional y social del sector.
La amenaza de los fondos de inversión
El auge del mercado de créditos de carbono, impulsado por las ayudas de la PAC, ha abierto la puerta a la entrada de fondos de inversión en el sector agrario. Esta dinámica, según COAG, transforma la tierra en un activo financiero, presionando al alza los precios de las fincas y los alquileres rurales.
La organización señala que los créditos agrícolas en el mercado voluntario español oscilan entre 15 y 35 euros por tonelada de CO₂, una cifra significativamente inferior a la francesa, que alcanza los 30 y 40 euros. Esta diferencia refleja la fragilidad del sistema español frente a la especulación.
COAG denuncia que plataformas privadas están orientando sus inversiones hacia explotaciones de gran tamaño y monocultivos, dejando a la agricultura familiar, con una superficie media de 25 hectáreas, en una situación de desventaja. La falta de un mecanismo público de certificación, similar al Label Bas-Carbone francés, agrava esta desigualdad.
Para evitar esta situación, COAG propone medidas concretas: condicionar la certificación a la figura del agricultor activo, vincular las actividades de carbono a la producción alimentaria real, impulsar la certificación colectiva para pequeños propietarios, y fortalecer la transparencia en los procesos de compraventa. Además, aboga por la creación de una autoridad nacional de coordinación y la aplicación de pagos por resultados climáticos complementarios a los eco-esquemas de la PAC.
La organización también exige un marco de protección mínimo para los contratos entre agricultores y plataformas de certificación, así como la creación de un instrumento público de certificación de carbono agrario para evitar la dependencia de estándares privados. La urgencia es palpable: España tiene dos años para evitar que el capital especulativo transforme sus campos en meros instrumentos de inversión.
Los cambios en el reglamento y las políticas públicas son clave. COAG insiste en la necesidad de una articulación efectiva de la certificación de carbono, el sistema de ayudas de la PAC y los instrumentos nacionales de política climática para beneficiar al agricultor profesional y familiar. La creación de una autoridad nacional de coordinación es una demanda clave para asegurar la transparencia y evitar la fragmentación actual.
La cifra habla por sí sola: la falta de regulación podría significar la pérdida de la función social de la agricultura, una consecuencia que no podemos permitir.
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